CORPORACIÓN
MANOS POR LA PAZ INTERNACIONAL
COMUNICADO A
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Agosto 12, 2011
El proceso
de desmovilización en Colombia,
El caso del Ejército Revolucionario Guevaristas (E.R.G.)
A:
-La Comisión Europea
Copia:
-Presidencia de la República
-Vice Presidencia
-Ministerio de Defensa Nacional
-Ministerio del Interior y de Justicia
-Fiscal General de la Nación
-Programa Asistencia Humanitario al Desmovilizado, PADH
-Alto Consejería para la Reinserción y Reintegración
-Conferencia Episcopal Colombiana
-Defensoría del Pueblo
-Procuraduría General de la Nación
-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
-OEA
Uno de los más seguros
caminos hacia la paz es cumplir con los que la que quieren y han mostrado
voluntad sincera para hacerla. Una de las razones para que el Estado Colombiano
no lo logre, es el incumplimiento de sus promesas y la carencia de leyes de
desmovilización. No es tanto que la sociedad no está dispuesta a recibir ex
combatientes de Grupos Armados Ilegales, sino que el Estado no cumple a los que
dejan las armas.
La gran mayoría de los
desmovilizados -autodefensas como guerrilla- se sienten engañados por el
Estado, los diferentes gobiernos hasta ahora no han sido capaces o no han
querido crear un marco jurídico que les genere seguridad. No desconociendo los
esfuerzos, buenas intenciones y honesta
labor de muchos militares y funcionarios públicos, en general se debe concluir
que las diferentes instituciones estatales que tienen que ver con el tema de la
desmovilización y reinserción, a pesar de su poderosa maquinaria de propaganda
a nivel nacional e internacional, hasta ahora no han obtenido credibilidad, por
falta de claridad política y de un trabajo de cooperación mutua, estructural y
eficaz. Entidades de seguridad del Estado sufren de celos políticos y no
comparten la información obtenida de los desmovilizados que es vital para la
seguridad de la Nación.
El engaño que ha sido
el proceso para muchos hasta ahora, más que todo para los que voluntariamente
se desmovilizaron y que en la actualidad están privados de la libertad, es
perfectamente conocido por la guerrilla activa. Cuántos combatientes dispuestos
a dejar las armas no lo han hecho porque no hay garantías, porque les espera
una trampa, o una pena de sesenta años en la cárcel.
El movimiento de
desmovilización, reparación y reconciliación, Manos por la Paz, que en el año
2007 nació entre grupos guerrilleros, en los diferentes centros de reclusión,
en patios de alta seguridad, creció en un solo año con más de mil miembros,
solo porque había confianza en el compromiso, cooperación y veeduría
internacional en el proceso.
Es así como el mismo
gobierno obstaculizó ese frágil y único proceso civil de paz, defraudando a los
ex guerrilleros detenidos y a los que voluntariamente se entregaron, lo que
tiene su efecto inmediato en el monte; los que buscaban la manera de dejar las
armas se arrepintieron y prefieren morirse allí que pudrirse pagando condenas
de hasta sesenta años de cárcel.
Ahora, muchos que
acudieron inicialmente de buena fe a acogerse a la Ley de Justicia y Paz,
desilusionados están abandonando su colaboración con la administración de
justicia, por falta de garantías básicas de parte del Estado, mientras sí ellos
y sus familias pueden contar con la eterna venganza de parte de sus ex jefes.
Así que vuelven a la justicia ordinaria, con el resultado que la verdad de esta
guerra, requerido en el marco de la Justicia Transicional, y derecho
fundamental de las víctimas, finalmente reconocidos oficialmente, queda por
siempre enterrada.
El reto de la
desmovilización de grupos ilegales en el país es enorme. La improvisación y
arbitrariedad que se encuentra en el camino, los mencionados celos políticos
entre las diferentes entidades estatales que tienen el tema bajo su
responsabilidad, el fenómeno de funcionarios cuyas nombramientos son políticos
y no profesionales, y la tradicional corrupción; todo esto debe ser de
primordial preocupación del estado colombiano. Pero hay voluntad política de
arriba?
O la guerra es negocio?
Es justo que en la
actualidad existe una ofensiva publicitaria recomendando la desmovilización, sin
que exista un régimen aplicable vigente? Hecho que acrecienta los temores de
los desmovilizados-postulados, y que hace nada atractivo el desenlace inmediato
de la Justicia Transicional en Colombia.
El Ejército Revolucionario
Guevarista (E.R.G.)
Uno de los ejemplos que
más ilustra el engaño estatal, es el trato que recibió la cúpula de la E.R.G,
disidencia del E.L.N que voluntariamente se entregó en 2008, y desde entonces
no han parado de colaborar con la justicia de una manera sincera y eficaz.
Su historia es esta. El
día 2 de agosto de 2008, en la vereda Alto Guaduas del municipio de Carmen de
Atrato, en presencia del padre Jesús Albeiro Parra, director de la pastoral
social de la Diócesis de Quibdó y de Víctor Raúl Mosquera, Defensor del Pueblo,
Regional Chocó; quienes actuaron en calidad de testigos, se firmó un acuerdo entre el gobierno nacional,
representado por el señor Alto Comisionado para la Paz, doctor Luis Carlos
Restrepo, y los señores Lizardo y Efraín Sánchez Caro en su condición de
miembros representantes del Ejército Revolucionario Guevarista, E.R.G.
En dicho acuerdo se
establece entre otros; el marco jurídico bajo el cual se llevará a cabo el
proceso de transición, y las obligaciones que adquiere el Gobierno Nacional
respecto de hacer presencia en las zona donde operaba el E.R.G.
Lo primero que
observamos es la forma tan folclórica en que consta el acuerdo; dos folios
elaborados a mano por el Alto Comisionado para la Paz, con la firma de dos
testigos.
Se ofrece la
postulación a la Ley 975 de 2005, también llamada Ley de Justicia y Paz, esto a
pesar que para esa fecha, agosto 2 de 2008, los beneficios y procedimientos que
establece dicha ley no eran aplicables al E.R.G. El entonces Alto Comisionado
para la Paz, Luis Carlos Restrepo, conocía que los miembros de dicho grupo eran
responsables de hechos posteriores a julio 25 de 2005.
El hecho cierto es que
se carece de marco jurídico para quienes se han desmovilizado con posterioridad
al 25 de julio de 2005, situación que les genera a los
desmovilizados-postulados dos condenas penales; una de hasta ocho años en
Justicia y Paz y otra de hasta sesenta años en la jurisdicción ordinaria.
El Gobierno Nacional
incumplió con todos los puntos del acuerdo, escrito a mano por el Alto
Comisionado para Paz, en presencia de representantes testigos de la Iglesia y
de la Defensoría del Pueblo.
Hasta el día de hoy se
encuentra la cúpula de la E.R.G, que voluntaria y colectivamente se entregó, en
la Cárcel de Itagüí, con los beneficios ofrecidos incumplidos, su futuro
jurídico totalmente incierto. Los miembros del E.R.G, un ejemplo de buena
voluntad de paz, han sido netamente engañados, están desconcertados y
desmotivados
Tampoco hubo la
inversión y presencia estatal anunciada en sus zonas de influencia, ni sus
familias han sido protegidas (hasta algunos fueron asesinados por venganza), ni
los famosos proyectos productivos para desmovilizados se desarrollaron.
Acción Inmediata:
Lo que se requiere es
una acción inmediata y clara del Estado para salvar el Proceso de Transición,
articulando un marco jurídico que permita el esclarecimiento de la verdad sobre
la totalidad de los hechos de sangre en que incurrieron los grupos armados.
Llamada a la Comunidad Internacional:
El Estado Colombiano,
según los tratados internacionales tiene la obligación de adelantar una
“investigación genuina”, (Corte Penal Internacional), ratificada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, para satisfacer los derechos de las
víctimas. Cuando se incumple el acuerdo, obstruyendo dicha investigación, se
viola el derecho de las víctimas.
Por lo tanto, la
comunidad internacional, en especial los países cooperantes de la Unión
Europea, comprometidos con la paz en Colombia, en vez de confiar en mera
propaganda en favor de los programas estatales para la reinserción, se debe
ofrecer un acompañamiento serio e independiente, y ejercer una vigilancia
verdadera sobre el cumplimiento de las obligaciones mutuas, para con ello
generar la confianza necesaria para futuras y auténticas desmovilizaciones (no
falsas), sin las cuales jamás habrá paz en este país.
Manos
por la Paz Internacional
Agosto 12, 2011
Mario Agudelo (314-6182300)
mario.clasesdematematicas@gmail.com
Omar Roa (320-7123865)
manosporlapazinternacionalabogado@hotmail.com
Liduine Zumpolle (313-8662933)
Anexos:
- Acuerdo del Estado Colombiano,
el 2 de agosto de 2008, firmado por Luis Carlos Restrepo, en su condición de
Alto Comisionado para la Paz.
- Carta dirigida a la
Fiscalía General, de julio 2011, suscrita por miembros de la E.R.G.
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