“Estamos siendo excluidos de la construcción de paz”: exjefes AUC

La construcción de paz y el día a día del posconflicto seguirán andando cojos mientras el proceso no sea todo lo inclusivo que necesita ser, superando el escollo excluyente que significa hoy la no presencia y representación política de las exAUC.

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Fuente: El Espectador

Edwar Cobos, “Diego Vecino”, y Luis Eduardo Cifuentes, el “Águila”, aseguran que los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) deberían ser parte de la JEP y confiesan que quisieran hacer política tras cumplir con sus condenas.

Llegan a tiempo, de vestido de paño. Son altos y de rostro intimidante. Saludan y aprietan con fuerza la mano. A los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) Edwar Cobos, conocido en la guerra como Diego Vecino, y Luis Eduardo Cifuentes, o el Águila, no se les ven las secuelas de la guerra. No tienen a la vista cicatrices o piernas o brazos mutilados, como cientos de excombatientes y víctimas del conflicto armado. Pero rápidamente advierten que las secuelas las llevan dentro y que han sido bien merecidas. El primero estuvo a cargo del bloque de Montes de María. El segundo fue jefe en Cundinamarca. Han pagado nueve y 11 años de cárcel, respectivamente. Masacres, homicidios, desplazamientos y desapariciones hacen parte de la larga lista de delitos que cometieron, que afectaron a 211.000 víctimas y que saldaron gracias a Justicia y Paz, el modelo de justicia transicional que ideó el Gobierno para la desmovilización de las Auc, aunque continúen en diligencias judiciales.  Dicen que no volverán a usar un camuflado ni a empuñar un arma. Aseguran que su proceso de paz, sobre todo su aporte a la verdad, fue exitoso aunque la ciudadanía conoce solo una pequeña parte. También insisten en que Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberían buscar una misma salida para darles cierre al conflicto armado y a la impunidad. De lo contrario, advierten, la violencia tenderá a reciclarse. ¿Por qué creen conveniente que se unifiquen Justicia y Paz y la JEP? Luis Eduardo Cifuentes: Es que se trata de un desgaste de personas e incluso financiero. Edwar Cobos: Si usted mira la JEP, se da cuenta de que no es nada más que la Ley de Justicia y Paz mejorada. Hasta las penas con cárcel se parecen: de cinco a ocho años. Lo que sorprende es que si Patricia Linares, presidenta de la JEP, dice que ese es el tribunal para decir la verdad, ¿por qué no ha permitido que personas que tienen gran parte de la verdad lleguen allá? Veo que llegó el señor Carlos Mario Jiménez (Macaco) y pidió estar ahí. También lo manifestó Salvatore Mancuso. Y lo único que se encuentran son portazos. Hay una gran contrariedad: estamos en un país que habla de paz todos los días, pero estamos siendo excluidos en esa construcción de paz. La justicia puede ser diferenciadora, pero no excluyente. Es que ese ha sido el problema del país: la exclusión. Eso lo discutimos incluso con exjefes guerrilleros, en una reunión a la que asistimos Iván Márquez, Jesús Santrich, Pablo Catatumbo, Freddy Rendón, Iván Roberto Duque y yo.  ¿Qué pasó en ese encuentro? E.C.: Concluimos que las guerrillas nacieron por la exclusión nacida a partir del poder de dos partidos políticos tradicionales que no aceptaban a quienes pensaban distinto. Pero a partir de eso les preguntamos: ¿ustedes no creen que el proceso de La Habana está siendo excluyente sin uno de los actores armados del conflicto? Pero ustedes tuvieron su acuerdo. ¿Cree que negociaron mal con el Gobierno? E.C.: Indudablemente, la negociación de La Habana, si la comparamos con la nuestra, fue mejor, años luz, porque tuvo toda la estructura política y constitucional que se necesitaba. Nuestro proceso de paz se dejó llevar por varios factores. Uno, la confianza en un Estado. Pensamos que iba a cumplir la palabra honrada. En un Estado representado por un Gobierno que considerábamos en su momento defensor del proceso. Y otro factor fueron las pugnas internas dentro de la organización. A los seres humanos nos pasa lo de santo Tomás: hasta no ver, no creer. A la gente lo que le gusta ver es al tipo entregando el fusil. Y claro, eso hay que hacerlo: el desmonte y el desarme. Pero ese afán dañó todo. ¿Por qué insiste en que las Auc entren a la JEP? E.C.: En La Habana no fuimos tenidos en cuenta. No quieren que recuperemos nuestros derechos civiles y políticos plenos. El éxito de todo proceso de paz es la reintegración plena del individuo que se desmoviliza. Es sacarlo de las trincheras de las montañas y llevarlo al seno de su familia, con derechos plenos. Y esa ha sido la gran falencia de los procesos de paz en el país. Hombres que tienen más puntería que cultura, que aprendieron primero a empuñar un arma que a escribir su nombre en un papel. A ellos hay que saberlos llevar para que entiendan que su modo de vida no es con un fusil al hombro, sino dentro del aparato productivo legal, siendo productivos y personas cumplidoras de los deberes y merecedoras de los derechos. Por otro lado, hoy uno ve al expresidente Santos defendiendo su proceso. Y eso es legítimo y loable. En el nuestro, mataron al tigre y se asustaron con el cuero. Empezaron a judicializar y la gente se lavó las manos. Terminamos solos. Pero ¿no cree que la JEP colapsaría como colapsó Justicia y Paz por la cantidad de procesos? L.E.C.: Por eso son tan necesarias la macrosentencias que ayuden a esclarecer los fenómenos y los hechos más relevantes. Y no solo para la organización de las Farc, sino que eso también se articule con Justicia y Paz, y la salida sea una sola. Además, cabe recordar que más de 2.000 exmiembros de las Auc cumplimos con nuestra ruta en Justicia y Paz. Esto sería sobre todo para quienes siguen o no pudieron entrar o beneficiarse con las leyes de transición, como la 1424, que a cambio de verdad podrían tener libertad condicionada si no cometieron delitos graves. ¿Qué piensa de la posibilidad de una reintegración sin cárcel? E.C.: Nosotros enviamos una carta al presidente Juan Manuel Santos para decirle que la cárcel no es la solución, cuando se abrió el debate. Mi conclusión hoy es la misma. El sistema penitenciario en el país no es resocializador. Al contrario: es un sistema para perfeccionar el crimen. Los procesos de paz no deben acabar en la cárcel. Creemos que la negociación estuvo bien. En la ejecución tenemos nuestras diferencias. Por ejemplo, ¿por qué uno de los puestos de las Farc en el Congreso no se lo dieron a una víctima? ¿Por qué están en el Congreso sin haber pasado por la justicia transicional? Estoy de acuerdo con la opción, pero no en que estén ahí sin antes haberles dicho la verdad a las víctimas, después del daño que hicieron, como nosotros. ¿Por qué? ¿Están interesados en hacer política? E.C.: Sí. Es necesario que quienes pensamos y tenemos un modelo de país diferente al de otros tengamos esa opción. Si tanto daño hicimos y si tanto odio y ampollas levantamos, entonces permítanme que haga el ridículo y que solo mi mamá vote por mí. Mi pregunta es cuál es el temor de que lo hagamos. Hemos pagado cárcel. El que menos ha estado privado de la libertad ha durado nueve años. Hay algunos que llevan 13 y ahí siguen. Hemos cumplido con la verdad, la justicia y la reparación. L.E.C.: Yo no quiero. Pero si los demás quieren, ojalá se les dé la oportunidad. Hablemos del rearme de los grupos paramilitares. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se reorganizaron? E.C.: Hemos cargado el pianito de esos grupos ilegales. Águilas Negras, luego los Gaitanistas. La gente no sabe que las primeras víctimas de las famosas bacrim o del rearme hemos sido nosotros, los que hemos cumplido con el proceso. Han atentado contra nuestras familias. A Cuco Vanoy le mataron a su hermano y a su hijo mayor. En las regiones en las que estábamos llegaron pisando fuerte, diciendo: “Aquí ya no mandan Diego Vecino, el Águila, Julián Bolívar, el Alemán, sino nosotros”, y luego sacan a relucir que estaban en las filas, que eran amigos. A los reinsertados que volvieron a las regiones les tocó irse, porque los llamaban y si no querían ir a las armas, los mataban. Es un hecho que hay exauc en esos grupos… L.E.C.: Sí, los Úsugas fueron miembros. Pero son personas ajenas hoy. No hay hilo conductor. El único es que se reciclaron en el conflicto. Nosotros le dijimos al Gobierno, en medio de nuestro proceso de paz, que era de cuidado que esos rasos estuvieran al garete. Lo que está sucediendo afuera es peor: es una degradación más grande del conflicto. No hay norte político claro. Nosotros, a pesar de que no nacimos como una política de Estado, sí nos aliamos con él. Hubo connivencia. ¿Por qué? Teníamos un enemigo en común. Las disidencias no piensan así. Esas bacrim no creen en el Estado. Una de las defensas de la JEP sobre su modelo es que no se quiere cometer los mismos errores. Por ejemplo, advierte que no se contó toda la verdad. E.C.: Pero pasó lo contrario: colapsó Justicia y Paz con 2.893 postulados confesando verdades, porque no pensaron que hubiera tanta información. Voy a hablarle de los avances con la priorización de los casos: solo entre 2013 y 2016 se imputaron 82.563 hechos y se reconocieron 211.233 víctimas. También hubo 2.510 audiencias y 913 jornadas de atención, en las que se atendió a 170.449 víctimas. Se entregaron 6.871 bienes. Se hallaron 5.314 fosas y 8.660 cadáveres. Se confesaron 40.161 homicidios, 2.574 reclutamientos ilícitos, 7.020 desapariciones forzadas y 17.914 desplazamientos. Me avergüenzan estas cifras. Pero las menciono para contar qué hemos hecho. Muchos de estos procesos ni siquiera estaban abiertos en la justicia ordinaria. Y los que sí, hubieran tardado años en esclarecerlos. El problema es que no ha habido sentencias... L.E.C.: Usted tiene que entender que nosotros debemos responder por nuestra parte. Ahora le tocan a la justicia las sentencias. No es posible que a partir de nuestras versiones libres haya 15.591 compulsas de copias, de las cuales 1.298 son contra políticos y 1.212 contra militares. El problema no es que no se diga, sino lo que pasa después. Vale preguntarle a la Corte Suprema de Justicia qué ha pasado con eso. Hasta ahora solo se ha condenado a 140 políticos. Hay verdad, pero no consecuencias. Y esa impunidad recicla la violencia. Uno escucha a los que están extraditados y próximos a llegar a Colombia decir que ellos contarán más verdades que no se han dicho en Justicia y Paz. ¿Es cierto? E.C.: Justicia y Paz tiene un alto porcentaje de lo sucedido en Colombia. Lo que hace falta no es que no se haya dicho, sino que por esas compulsas de copias judicialicen, tengan un efecto. Aunque no vamos a desconocer que ya ha habido resultados. Miremos el caso de Sucre: han condenado a dos exgobernadores y a dos exalcaldes de Sincelejo. También en los municipios: en San Onofre, dos; en Tolú, dos; en San Antonio de Palmito, uno. Ni los diputados se salvaron: siete de 11 fueron condenados. ¿Por qué creen que fueron extraditados? E.C.: creo que jugaron muchos factores. El principal: la presión de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que el expresidente Álvaro Uribe consentía cualquier cosa menos tener una fisura con el gobierno estadounidense. Es un hombre proyanqui. Pero también creo en otra razón. Los más ácidos críticos contra el Gobierno y las personas cercanas han sido personas extraditadas. Lo que dijo Mancuso o “Don Berna”. De todas formas, no los han podido callar. Algunos, como Mancuso, han declarado en Justicia y Paz en la distancia. ¿Han hablado con Carlos Mario Jiménez desde que llegó? E.C.: No, pero estamos a la espera de conocer en qué centro de reclusión va a estar para visitarlo. Creemos que no podemos ser ajenos a la suerte de Carlos Mario, en el sentido de que debemos escuchar sus necesidades. Y si en algo podemos ayudarlo, lo haremos

Hablemos de Verdad en Villavicencio

Excombatientes de la guerrilla y las autodefensas, víctimas, líderes sociales y artistas conversan sobre los retos de buscar la verdad  sobre el conflicto armado en la Orinoquía.

Audiovisual del Evento

Carta a la Doctora Mirtha Patricia Linares Prieto - Presidenta de la JEP

Doctora
MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP


De nuestra mayor consideración y aprecio:

Nosotros, Colectivo Nacional de Excombatientes AUC, nos dirigimos a usted de la manera más respetuosa, mediante esta CARTA ABIERTA, para exponerle algunas de nuestras inquietudes sobre la situación presente, tanto de los procesos que se adelantan por la Fiscalía General y por las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores que conocen los procesos adelantados bajo la ley 975 de 2005 y sus normas complementarias, como de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP por usted presidida.

Compartimos y nos deja muy satisfechos su reciente afirmación de que “los colombianos todos necesitamos la paz y la paz necesita de todos los colombianos” (la negrilla es nuestra), y por eso queremos empezar recordando que en el Proceso de Paz que se llevó a cabo entre las Autodefensas Campesinas y el Gobierno Colombiano, nos desmovilizamos entre 2003 y 2006 –de manera voluntaria y sin haber sido derrotados en el conflicto-decenas de miles de entonces combatientes, haciendo entrega de nuestras armas, y sometiéndonos también voluntariamente a los términos de la ley 975 de 2007, establecida para ser juzgados, en un escenario de justicia transicional, como responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos con ocasión del conflicto armado y durante nuestra pertenencia al grupo armado ilegal Autodefensas. Valga recordar que la Verdad, la Justicia y la Reparación fueron los pilares de esa legislación inédita para Colombia, de manera que nuestros procesos judiciales no han sido controversiales, y si hemos tenido abogados defensores ha sido para garantizar la legalidad de los procedimientos y no para controvertir, toda vez que la ley de Justicia y Paz parte del reconocimiento pleno de las conductas (quien quiera controvertir, debe renunciar a Justicia y Paz y someterse a la Justicia Ordinaria), entendido así que la verdad es nuestra primera condición y compromiso, al igual que la reparación a la sociedad y a nuestras víctimas, verdad que se creció, pues una vez sometidos y en curso nuestros procesos judiciales, las Cortes dictaminaron que no se trataba sólo de la exposición de lo relativo a los hechos victimizantes, sino que estamos obligados a exponer la totalidad de los hechos relacionados con nuestra pertenencia y accionar en las Autodefensas, y así lo hemos venido haciendo.

Lo anterior hemos creído oportuno enfatizarlo y traerlo a colación aquí, en defensa de nuestra buena fe y cumplimiento en las diligencias judiciales de Justicia y Paz, al concluir que en aras del necesario debate resulta pertinente de nuestra parte hacer público nuestro respetuoso desacuerdo con lo manifestado por Usted en reciente entrevista con Noticias Caracol cuando afirma que en Justicia y Paz “los paramilitares no ofrecieron la verdad que las víctimas esperan”. Sobre este punto y con el ánimo de esclarecer a la Opinión Pública acerca de lo que esperamos se desarrolle en lo sucesivo en el debate nacional sobre estas cuestiones, manifestamos:

1. Los excombatientes de las Autodefensas Campesinas hemos aportado Verdades, claro que sí; hemos abierto con nuestras declaraciones vastas líneas de investigación y análisis; hemos puesto en manos de Justicia y Paz un sinfín de hechos, situaciones, delitos, etc. que jamás habían sido tramitados ante la justicia ordinaria. Nuestra intención y nuestro propósito y compromiso es llegar hasta el fondo en todas estas cuestiones, y ofrecer todas las verdades que las víctimas esperan. Lo que falta en este camino no ha sido por ausencia de voluntad nuestra, todo lo contrario. Puede Usted contar con ello y transmitir a las víctimas que se le acercan, que todas ellas han contado y pueden seguir contando con nuestro trabajo y esfuerzo en esa misma dirección. 

2. En cuanto al calificativo de ‘paramilitares’ sostenemos y seguiremos sosteniendo nuestro carácter y naturaleza de autodefensas, de origen campesino y civil; actores específicos del conflicto armado colombiano que lo hemos sido desde nuestras raíces en la sociedad violentada e indefensa. El término ‘paramilitares’ no lo consideramos una calificación adecuada y correspondiente en nuestro caso de autodefensas campesinas, porque se trata de un calificativo falaz originado en visiones sesgadas y como tales ilegítimas y descalificadoras del Estado, que no se corresponden con lo que ha sido nuestro involucramiento y participación en el conflicto armado como organización de autodefensas. Sobre este punto habrá que abundar cuando se trate de avanzar hacia la dilucidación e interpretación más atinada de lo que ha sido en su tipicidad tal vez única en el mundo, el conflicto armado interno colombiano y sus múltiples actores y derivaciones.

Como una consecuencia directa de las miles y miles de horas de versiones libres en infinidad de audiencias en las que desde hace más de doce años hemos venido participando, hemos expuesto las dolorosas verdades de las que fuimos protagonistas, y que no sólo tienen que ver con las víctimas de nuestras acciones violentas, verdades que hasta 2016 habían permitido el hallazgo de 5900 cuerpos en más de 4600 fosas (según estadísticas de la Sección de justicia y Paz de la Fiscalía) , sino también exponer las relaciones políticas, económicas e institucionales con quienes no son menos responsables que nosotros los actores de la violencia, exposición que ha derivado en más de 15.000 compulsas de copias desde el Sistema de Justicia y Paz, con el fin de que sean investigadas actuaciones de particulares, políticos, miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios públicos.

Desgraciadamente, en nuestro caso, no contábamos aún con escenarios extrajudiciales, tan necesarios para la integralidad de un sistema, como la Comisión de la Verdad, pues desde el comienzo de nuestros procesos comprendimos tres cosas: 1. Que la verdad no es de nuestra propiedad, sino un patrimonio de la humanidad. 2. Que la restauración de nuestra dignidad humana, pasa necesariamente por el ofrecimiento de esa verdad que nuestras víctimas demandan, y de nuestro deseo de ser perdonados, en un proceso difícil y muy doloroso para las partes, y 3. Que a uno no lo matan por lo que dice, sino por el temor de lo que calla, y que el asesinato de centenares de desmovilizados podría haberse evitado si hubiésemos podido contar con escenarios más amplios y expeditos para liberarnos de la pesada carga de aquellas verdades que tanto temor generan en los responsables ocultos de la guerra cuyas vinculaciones procesales, en la mayoría de los casos, duermen el sueño de los injustos (cabría decir) en los anaqueles y archivos de las fiscalías y los tribunales de Justicia y Paz.

Hemos manifestado en diversos escenarios la necesidad de articular los procesos de Justicia y Paz  y JEP, pues consideramos que la Paz es una, y aunque estamos resolviendo un conflicto multidimensional, la Integralidad del Sistema Integral (valga la redundancia) de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición que surgió de los Acuerdos firmados en 2016, hace imprescindible el fortalecimiento efectivo de ambos procesos, pues las víctimas, y la humanidad como tal, beneficiarias principales de este proceso, no admiten discriminación relativa a la responsabilidad de los diferentes  actores del conflicto.

Esperamos poder aportar desde nuestra experiencia con todo lo que esté a nuestro alcance como colombianos para la construcción efectiva de esa Paz, que como Usted bien señaló, necesitamos todos.

En la íntima confianza que nos produce la convicción de saber que estamos unidos por los mismos propósitos e intenciones de Paz y Reconciliación, y con la mirada y actividad puestos en la centralidad de las víctimas en todo este proceso de justicia transicional, reiteramos al finalizar la presente nuestros sentimientos de Respeto, extensivos a la totalidad de los magistrados y funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Colombia, marzo 29 de 2019.

COLECTIVO NACIONAL DE EXCOMBATIENTES AUC

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

21 de marzo de 2019 -

Los integrantes del Colectivo Nacional de Excombatientes AUC, reunidos en su Conferencia Nacional, queremos expresar a la Opinión Pública lo siguiente:

1.     Reiteramos a la Sociedad Colombiana nuestro compromiso inquebrantable de continuar aportando y trabajando en el fortalecimiento de la institucionalidad, y la consecución de una Paz genuina, estable y duradera. Asimismo, manifestamos al Señor Presidente Dr. Iván Duque Márquez la imperiosa necesidad de concluir exitosamente el proceso Político de Paz iniciado con las extintas Autodefensas Campesinas de Colombia, articulando y fortaleciendo los sistemas de Justicia Transicional (JYP – JEP), cumpliendo así el Estado Colombiano y nosotros los Desmovilizados con lo pactado en los procesos de Paz.

2.     Hemos transitado por 12 años las vías de la Justicia Transicional a través del componente jurídico de nuestro proceso de Paz, la Ley 975 de 2005, también llamada Ley de Justicia y Paz, contribuyendo así a la Verdad de lo sucedido: más de 60 Macrosentencias, miles de horas de versiones libres individuales y colectivas, que le permitieron a las Victimas visibilizarse y conocer la Verdad de lo acontecido, lo que constituye su legítimo derecho y nuestra mayor obligación. También, y como un aporte que juzgamos necesario e insoslayable, expresamos nuestra decisión de acudir con nuestra verdad y conocimiento a los mecanismos no judiciales de construcción colectiva de Verdad creados en los procesos de Paz, como son la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

3.     Adherimos y nos sumamos a la iniciativa del Señor Fiscal General de la Nación expresada en el pasado Proyecto de Reforma a la Justicia, sobre la necesidad de dar término o conclusión exitosa y definitiva a la Ley de Justicia y Paz y la Ley 600 del 2000, pues no se puede mantener sub júdice a miles de postulados que hemos cumplido íntegramente con los deberes y mandatos de esas normas, así́ como tampoco se entiende por qué́ hay dos sistemas de Justicia Transicional, cuando fue a un solo Conflicto al que lamentablemente asistimos los actores del mismo.

4.     Expresamos por este medio a nuestros Amigos desmovilizados, a los postulados a la Ley de JYP de las extintas Autodefensas Campesinas de Colombia privados de la Libertad en Colombia y allende nuestras fronteras, igualmente a los postulados a la Ley de JYP de las diferentes organizaciones guerrilleras que se acogieron a este sistema de Justicia Transicional, con quienes hemos venido trabajando mancomunadamente, que no descansaremos hasta que el último postulado recobre su Libertad. Todos los integrantes de este Colectivo estuvimos no menos de 9 años privados de la Libertad en cárceles, y sabemos nosotros y nuestras familias, en carne propia, lo que esto significa y duele. Nuestro anhelo y trabajo están puestos en que TODOS los desmovilizados retornemos al seno de la sociedad, recuperando nuestros derechos civiles y políticos plenos, porque así́ y solo así́, podríamos hablar en verdad de una Paz Positiva, una Paz Integral e Inclusiva que no tolera exclusiones ni diferenciación o discriminación entre quienes fuimos actores de un mismo conflicto armado.

COLECTIVO NACIONAL DE EXCOMBATIENTES AUC

Colombia, marzo 21 de 2019.
Se anexan 02 hojas de firmas.

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'El mayor regalo', largometraje dirigido por Juan Manuel Cotelo, una historia de perdón y reconciliación que llega a los cines de Colombia

El espectador se encuentra con testimonios reales de reconciliación en diferentes latitudes del mundo, incluida Colombia, entre personas que eran enemigas, en algunos casos, enemigas mortales. Se encuentra con una invitación a la esperanza, porque va a descubrir que pese a tantas y tan dolorosas circunstancias adversas cualquier conflicto familiar, social o político, tiene solución.

El perdón ha sido necesario desde que existe el ser humano, y aunque hoy los promotores del odio gritan más y hacen más ruido no consiguen hacernos creer que el odio es la única solución.

Recuerda el director español Juan Manuel Cotelo que estando un día dentro de la cárcel 'La Picota', una persona en su celda se echó a llorar delante de él, le contó todas las cosas tan terribles que había hecho y le dijo: 'si esta película ayuda a un solo joven a no hacer las cosas tan malas y tan estúpidas que hice yo, merece la pena.

La película se podrá ver en salas de Cinemark a partir del 6 de diciembre

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Entrevista con Uber Bánquez M., Excombatiente AUC

- 03 de abril de 2019 -

'Ya hago parte de la sociedad', dice exjefe de las Autodefensas. Responde denuncias publicadas en EL TIEMPO.

Uber Enrique Bánquez Martínez, ‘Juancho Dique’, exjefe del bloque Héroes de Montes de María’ de las extintas Auc, pagó 8 años de cárcel. Foto: Archivo EL TIEMPO

Luego de que líderes sociales y la propia Defensoría del Pueblo denunciaron que el exjefe paramilitar de las AUC, Uber Bánquez Martínez, alias Juancho Dique, está detrás de la reactivación de estas estructuras en la región de los Montes de María (Bolívar), como lo contó EL TIEMPO este domingo en un informe especial, el ‘expara’ responde.

En diálogo con este diario, Uber Blanquez admite que ha hecho presencia en esa zona, un hecho que por sí solo es intimidante, según el testimonio de las víctimas que volvieron allí luego de que fueron despojadas de sus tierras hace casi dos décadas.

Sin embargo, este exjefe paramilitar niega estar detrás de las recientes extorsiones e intimidaciones a campesinos y reclamantes de tierras allí. De los hombres que delinquieron en el bloque que comandó, ‘Héroes de los Montes de María’, calcula que ahora siguen delinquiendo unos 300, que fueron "reclutados por el narcotráfico", pero asegura que estos no actúan a su nombre. 

Cómo explica los testimonios que lo sindican de que está reactivado sus estructuras criminales en los Montes de María?

Yo entiendo. Usted sabe, la mala reintegración, la mala desmovilización no es un secreto. Ahí se desmovilizó gente del narcotráfico, todo el mundo lo sabe. Y tampoco es secreto que las bandas criminales se aumentaron por la mala reincorporación, el mal proceso que hubo. Habían dos caminos, coger el malo o el bueno. 

Yo cogí el bueno, yo no me dediqué a eso, yo escogí otras actividades. Yo no tengo necesidad de estar organizándome. Cumplo las diligencias en los tribunales y la Fiscalía. ¿A cuántos encuentros con víctimas he asistido?

¿Entonces lo sindican a usted de estar detrás de eso porque han visto en la zona a hombres que delinquieron con usted y ahora están delinquiendo con bandas como el Clan del Golfo?

A un mes de desmovilizado habían más de 50 personas muertas. Hay muchos ejemplos en el país donde se desmoviliza la cabeza y queda la gente desubicada, con ganas de tomar poder, se disputan entre ellos mismos. Eso no es un secreto. 

¿Cuántos hombres que delinquieron con usted hicieron esa mala reincorporación y cree que están de nuevo delinquiendo en los Montes de María?

Cuando yo me desmovilicé, yo le pongo un 30 por ciento, unos 300 que los reclutó el narcotráfico. 

¿Cuántos movimientos ha hecho a los Montes de María?

Ocasionalmente he ido a los Montes de María. Estos días me moví con mi familia a dar un pésame a Carmen de Bolívar. Yo no quiero pernoctar allá, sino que salimos en la madrugada y regresamos en la noche para evitar esos encuentros, percances, que yo sabía que iban a venir. Ese desplazamiento fue como hace ocho días. 

El año pasado estuve todos los días en la Fiscalía de Valledupar, hay registro de las salidas y entradas de las salidas mías. El carro de protección debe tener un registro del movimiento del vehículo a nivel nacional.

¿Usted no adquirió el compromiso en Justicia y Paz de no hacer presencia en la zona donde están sus víctimas?

Las decisiones que sacan los jueces se contradicen. Las víctimas, los líderes, la Comisión de la Verdad, los planes de reintegración me piden que haga participación en los Montes de María. Yo me niego, y eso que ellos solicitan el permiso de fiscales y magistrados. 

El año pasado había un encuentro en el municipio de San Juan, y yo no tenía ganas de ir, de participar, por lo mismo, para evitar. ¿Yo qué tengo que ir a buscar a los Montes de María? Yo tengo mi vida acá en Valledupar.

¿No cree que en la región la sola presencia suya genera alarmas?

Por eso es que yo me niego. Solamente los magistrados me llevaron a María La Baja porque me tocaba pedir un perdón. Era mi derecho y mi deber. Tampoco he querido ir al Salado. 

¿Y el corregimiento Ñanguma, en María La Baja, donde lo han visto, lo ha visitado últimamente?

No señor, solamente con la Fiscalía y la Fuerza Pública a hacer unas exhumaciones. 

¿Por qué cree que el Defensor del Pueblo lanzó esa alarma sobre su actuar en la región y de supuestas intimidaciones a campesinos y reclamantes de tierra?

A mí me parece que el Defensor no está unido con los defensores que están atentos a mí. Les falta trabajo investigativo en la zona. Le hace falta más consultar el trabajo de las Fuerza Militares. En los Montes de María hay sobre todo delincuencia común.

¿No tiene intereses en el proceso de restitución de tierras?

Todas las restituciones que se han dado en en el corregimiento de Ballestas, Turbana, se han dado a las víctimas gracias a mí. Gracias a mí se dieron todas esas parcelas de una finca de 2.000 hectáreas y de la finca la Comandancia que eran unas 4.000 hectáreas. La hemos apoyado. 

¿Cuáles son sus actividades de reincorporación hoy?

En diciembre pasado me gradué de administración de empresas agropecuarias de la Universidad Santo Tomás, con mención honorífica por mis notas muy altas. Y en este momento voy en sexto semestre de Derecho en la Universidad de Santander, con sede, aquí en Valledupar. 

Ser pospenado no es fácil. He participado en encuentros con víctimas en la Universidad del Norte, en Barranquilla, y en simposios en la Cámara de Comercio. 

También tengo una actividad agropecuaria, que es mi perfil, el cultivo de arroz y una actividad de venta de licores, no para consumir en el sitio, sino para llevar. Trabajo con Bavaria, Postobón y Cocacola. Estoy esperando un crédito. 

¿Va a colaborar con la Comisión de la Verdad?

Estoy receloso. Estoy muy apartado de eso. Mi carrera de Derecho exige mucho, con la Fiscalía me quita mucho tiempo. Cuando me den permiso, vamos a ver si doy el paso, pero es difícil. 

¿Usted cree que la verdad del conflicto en los Montes de María todavía falta por contarse, la relación de los paramilitares con políticos locales y empresarios?

Yo lo he contestado a la Fiscalía. Ya yo conté mi verdad.

¿Por qué no firmó la carta de 17 exjefes de AUC, entre ellos ‘Diego Vecino’, que quieren reconciliación y que piden ser escuchados por la Comisión de la Verdad?

No me llamaron. Pero como ahí está mi representante Edwar Cobos Téllez (Diego Vecino), lo que él haga está bien. Él es representante para todo ya que él estuvo en la dirección política.

¿Le gusta que le sigan diciendo 'Juancho Dique' o Uber Bánquez Martínez?

No, Uber Bánquez Martínez. Juancho Dique no me gusta para nada. Lo que queremos es la paz. Yo ya soy una persona que hace parte de la sociedad. 

REDACCIÓN PAZ 

@PazyJusticiaET